El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acatado la sentencia del Tribunal Supremo y ha restituido al coronel Diego Pérez de los Cobos, quien había sido apartado de su cargo por negarse a proporcionar información judicial secreta. Esta decisión del ministro se produce después de que el Tribunal Supremo ordenase su restitución, considerando su destitución como un «cese político».
Sin embargo, el ministro del Interior ha sido fuertemente criticado por su resistencia a cumplir con esta decisión judicial y por dilatar los plazos para llevar a cabo la restitución hasta después de las elecciones generales. Grande-Marlaska argumentó que necesitaba conocer la sentencia completa antes de acatarla, pero insistió en que los motivos de la destitución del coronel persistían.
El ministro evitó mencionar la investigación sobre la manifestación del 8-M y centró la atención en la gestión de los fondos reservados, tratando de sembrar dudas sobre el mando del coronel. Afirmó que la falta de confianza en el coronel se mantenía debido a presuntas irregularidades en el uso de dichos fondos.
Esta polémica entre el ministro del Interior y el coronel ha generado un gran debate en el país. Mientras algunos apoyan la decisión del ministro y consideran que el coronel debe ser destituido por las presuntas irregularidades financieras, otros critican al ministro por su falta de respeto a la independencia judicial y por su resistencia a cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo.
En cualquier caso, la restitución del coronel Pérez de los Cobos ha vuelto a poner en primer plano el debate sobre la independencia del poder judicial y el papel del Ministerio del Interior en la toma de decisiones políticas. Estos acontecimientos continuarán siendo seguidos de cerca por los ciudadanos y los medios de comunicación, quienes esperan que se aclaren las circunstancias de esta polémica destitución.
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